Vol. 17 Núm. 28 (2021): Enero - Junio
Artículos

intervención estatal y el Estado social de Derecho: análisis del caso colombiano

Andres Felipe Roncancio Bedoya
Institucion Universitaria de Envigado
Mariana Restrepo Marulanda
Institución Universitaria de Envigado
Gustavo Aguilera Izaguirre
Universidad Autónoma del Estado de México

Publicado 2021-05-31

Palabras clave

  • Social and democratic rule of law,
  • intervention,
  • branches of public power,
  • fundamental rights,
  • constitutional state
  • Estado social y democrático de derecho,
  • intervención,
  • ramas del poder público,
  • derechos fundamentales,
  • Estado constitucional

Cómo citar

Roncancio Bedoya, A. F., Restrepo Marulanda, M. ., & Aguilera Izaguirre, G. (2021). intervención estatal y el Estado social de Derecho: análisis del caso colombiano . Nuevo Derecho, 17(28), 1-14. https://doi.org/10.25057/2500672X.1395

Resumen

El presente artículo tiene el propósito de revisar la construcción del concepto de Estado social y democrático de derecho en Colombia; concepto sobre el que es necesario elaborar un análisis que lo comprenda como categoría jurídica y como categoría política del constitucionalismo, es por ello que se partirá desde la intervención estatal que se produce en pro de las garantías de derechos fundamentales, puesto que este resulta ser un elemento imprescindible dentro de este modelo estatal. De igual mamera, se hará especial énfasis en el caso jurídico colombiano, pues dentro de este, el concepto de Estado social y democrático trajo consigo un fenómeno de constitucionalización del ordenamiento jurídico frente al funcionamiento de cada una de las ramas del poder público, las cuales consolidan sus funciones al generar protección social como consecuencia efectiva del mandato de la Constitución Política. Así, la rama judicial —en cabeza de la Corte Constitucional como guardián de la carta— crea las condiciones de interpretación que se traducen en la concreción de la norma superior; la rama ejecutiva entiende que debe intervenir para garantizar los derechos fundamentales; y el legislador —manifestación máxima de la democracia constitucional— debe motivar su libertad de configuración normativa en consonancia con la Constitución.

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